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Hay que recordar que las sentencias firmes son ejecutivas a efectos de la defensa de los intereses de sus beneficiarios. Una vez presentada la solicitud de ejecución, el demandado tiene la posibilidad de presentar oposición en el plazo de 10 días hábiles. También tiene la posibilidad de cumplir la sentencia, en cuyo caso se pone fin automáticamente al procedimiento. En caso de que no haga ni lo uno ni lo otro, se iniciará el procedimiento de ejecución.

Obviamente, este tipo de solicitud debe contener toda la información necesaria para ser admisible. Para saber cuál es esta información, debemos acudir de nuevo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece lo siguiente:

Por otro lado, en base al artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si la querella se refiere a una sentencia firme de un tribunal competente o a la resolución de un secretario judicial, el escrito de interposición sólo debe identificarla. Esto simplifica ostensiblemente el procedimiento.

Dentro de la fase de ejecución, existen dos tipos diferentes. La primera es la ejecución económica o monetaria. En este caso, el demandado debe abonar al demandante la cantidad principal, los gastos administrativos ocasionados y los intereses de demora. Si no puede hacerlo en efectivo, el juez autorizará el embargo de sus bienes. Hay que recordar que hay bienes que no se pueden embargar, como el Salario Mínimo Interprofesional.

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A propuesta del Grupo de Trabajo de Jueces de Familia, el CGPJ ha elaborado y puesto a disposición de jueces, magistrados, abogados y público en general estas tablas. Pretenden ser una herramienta de orientación y han sido adaptadas sobre la base de la experiencia en la materia; además, han sido elaboradas de acuerdo con principios científicos y con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La reunión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 16 de mayo de 2019 aprobó la actualización de las tablas de ayuda a la determinación de alimentos de los hijos en los casos de familia publicadas en 2013 (Nota Informativa).

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Recientemente, un Juzgado de lo Civil ha dictaminado que la confidencialidad de la información contable no es suficiente para impedir la admisión de la prueba pericial cuando sea necesaria para resolver un litigio. Sin embargo, es responsabilidad del Juez establecer pautas para regular el nivel de exposición de la información, así como un deber compartido con los peritos designados para salvaguardar la confidencialidad de la información.

La Corte consideró que tanto la Constitución como el Código de Comercio establecen un conjunto de reglas específicas que el juez debe hacer cumplir para que los peritos emitan su dictamen en materia contable. Al mismo tiempo, estas reglas deben permitir resolver el conflicto entre el derecho a la confidencialidad frente al derecho a la prueba sobre el material contable, siempre que dicha prueba pericial sea necesaria, idónea y adecuada.

La sentencia señala que el Código de Comercio permite el acceso a la contabilidad de cualquiera de las partes si la revisión se refiere exclusivamente a los puntos directamente relacionados con el litigio. Esta premisa, así como el deber de guardar secreto profesional, imponen una protección racional de la información obtenida para emitir el dictamen. Por ello, corresponde al Juez ordenar e imponer medidas proporcionales para proteger al máximo la confidencialidad de la información, tales como:

Qué es Estructura de Costes

Normalmente, un acuerdo escrito relativo a honorarios/precio, entre Abogado y Cliente, se refiere a una autorización previa por escrito, solicitada del Abogado al Cliente, para realizar estos gastos (que, tarde o temprano, van a ser soportados por el Cliente).

Esta (autorización para tener gastos en nombre y por cuenta del Cliente) debe hacerse, preferentemente, antes de hacer los gastos. De lo contrario, es obvio que el Abogado va a tener problemas para justificar estos gastos ante el Cliente (…).

Un Abogado nunca debe pagar por adelantado ningún gasto que vaya a ser soportado por el Cliente porque la justificación del gasto y el reembolso siempre es más difícil que conseguir el dinero del Cliente para realizar el pago previo.

– Como precaución, “por si acaso”, si el Cliente tiene alguna duda sobre nuestro trabajo y las horas que hemos empleado en un determinado proyecto/demanda (especialmente cuando el acuerdo entre Abogado y Cliente se basa en una definición de precio por hora);

– Por último, pero no menos importante, un documento escrito es siempre un paso adelante para tener mejores cambios para recuperar del Cliente que no pagó al principio del trabajo del Abogado y, ahora, se niega a pagar porque no está de acuerdo con los valores;