Calcular costas judiciales

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Recientemente, un Tribunal Civil dictaminó que la confidencialidad de la información contable no es suficiente para impedir la admisión de la prueba pericial cuando es necesaria para resolver un litigio. Sin embargo, es responsabilidad del Juez establecer pautas para regular el nivel de exposición de la información, así como un deber compartido con los peritos designados para salvaguardar la confidencialidad de la información.

La Corte consideró que tanto la Constitución como el Código de Comercio establecen un conjunto de reglas específicas que el juez debe hacer cumplir para que los peritos emitan su dictamen en materia contable. Al mismo tiempo, estas reglas deben permitir resolver el conflicto entre el derecho a la confidencialidad frente al derecho a la prueba sobre el material contable, siempre que dicha prueba pericial sea necesaria, idónea y adecuada.

La sentencia señala que el Código de Comercio permite el acceso a la contabilidad de cualquiera de las partes si la revisión se refiere exclusivamente a los puntos directamente relacionados con el litigio. Esta premisa, así como el deber de guardar secreto profesional, imponen una protección racional de la información obtenida para emitir el dictamen. Por ello, corresponde al Juez ordenar e imponer medidas proporcionales para proteger al máximo la confidencialidad de la información, tales como:

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Habitualmente, un acuerdo escrito relativo a honorarios/precio, entre Abogado y Cliente, se refiere a una previa autorización escrita, solicitada del Abogado al Cliente, para realizar esos gastos (que, tarde o temprano, van a ser soportados por el Cliente).

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Esta (autorización para tener gastos en nombre y por cuenta del Cliente) debe hacerse, preferentemente, antes de hacer los gastos. De lo contrario, es obvio que el Abogado va a tener problemas para justificar esos gastos ante el Cliente (…).

Un Abogado nunca debe pagar por adelantado ningún gasto que vaya a ser soportado por el Cliente porque la justificación del gasto y el reembolso siempre es más difícil que conseguir el dinero del Cliente para realizar el pago previo.

– Como precaución, “por si acaso”, si el Cliente tiene alguna duda sobre nuestro trabajo y las horas que hemos empleado en un determinado proyecto/demanda (especialmente cuando el acuerdo entre Abogado y Cliente se basa en una definición de precio por hora);

– Por último, pero no menos importante, un documento escrito es siempre un paso adelante para tener mejores cambios para recuperar del Cliente que no pagó al principio del trabajo del Abogado y, ahora, se niega a pagar porque no está de acuerdo con los valores;

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¿Qué significa esto? ¿Cuándo un caso plantea serias dudas/cuestiones de hecho o de derecho? Se trataría de casos complejos que, por lo general, serían muy difíciles de resolver si no interviene el tribunal, es decir, jurisprudencia contradictoria en casos similares que obliga a las partes a litigar para determinar la posición.

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Cuando la demanda sólo prospera en parte, la regla general es que cada parte cargue con sus propias costas.  El artículo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española se refiere a este punto cuando dice: “… cada parte soportará sus propias costas y la mitad de las comunes, salvo que existan motivos para creer que alguna de las partes ha actuado con temeridad”.

Por lo tanto, la única excepción a la regla general en los casos de éxito parcial, sería cuando una de las partes litiga temerariamente y con mala fe.  Si esto ocurre, el tribunal puede decidir que esa parte cargue con la totalidad de las costas procesales.    Habrá que estudiar caso por caso si una parte ha actuado de ese modo. Es una cuestión compleja de probar y, por lo general, los tribunales sólo considerarán que se ha probado cuando los actos sean evidentes.

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Durante el procedimiento arbitral, de oficio o a petición de los árbitros, la Corte puede solicitar a las partes provisiones de fondos adicionales. Esto ocurrirá, por ejemplo, si el demandado presenta una reconvención.

Salvo acuerdo en contrario de las partes, el demandante y el demandado deberán pagar estas provisiones a partes iguales. Si alguna de las partes no paga su parte, cualquier otra parte podrá suplir el pago para continuar con el procedimiento y sin perjuicio del reparto final aplicable.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de las Normas de Procedimiento, la Corte fijará el importe de la provisión de fondos para las costas del arbitraje, incluidos los impuestos indirectos que les sean de aplicación.

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El ejercicio de esta función de fijación del importe de la provisión de fondos presupone la previa determinación de la cuantía del procedimiento. Para realizar esta determinación, la Corte seguirá las pautas establecidas en la siguiente nota.

La siguiente herramienta permite calcular de forma sencilla y rápida los gastos de procedimiento y administrativos de la Corte y los honorarios de los árbitros en función del quantum del litigio. En el caso de un quantum indeterminado, la Corte tomará la cifra de 300.000 euros como base preferente para su cálculo, a menos que la Corte decida utilizar una cifra diferente a la vista de las circunstancias del caso.

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