Calculos de intereses judiciales
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A propuesta del Grupo de Trabajo de Jueces de Familia, el CGPJ ha elaborado y puesto a disposición de jueces, magistrados, abogados y público en general estas tablas. Pretenden ser una herramienta de orientación y han sido adaptadas sobre la base de la experiencia en la materia; además, han sido elaboradas de acuerdo con principios científicos y con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La reunión de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 16 de mayo de 2019 aprobó la actualización de las tablas de ayuda a la determinación de los alimentos de los hijos en los casos de familia publicadas en 2013 (Nota Informativa).
Ventanilla: A un año de derrame de petróleo el público opina
Si el tribunal concluye que tales cláusulas son abusivas, puede sustituirla por un tipo legal aplicable con carácter supletorio con el fin de proteger a los consumidores afectados de las consecuencias especialmente perjudiciales que podrían derivarse de la resolución del contrato de préstamo.
En su sentencia Gómez del Moral Guasch, C-125/18, dictada el 3 de marzo de 2020, el Tribunal de Justicia, reunido en Gran Sala, declaró que una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional, en virtud de la cual el tipo de interés que debe pagar el consumidor varía en función del tipo de referencia basado en los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorros, previsto por la legislación española, está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre cláusulas abusivas. Ello se debe a que dicha cláusula no refleja disposiciones legales o reglamentarias imperativas en el sentido del artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado que los órganos jurisdiccionales españoles deben comprobar que tales cláusulas son claras y comprensibles, con independencia de que el Derecho español haya hecho uso de la facultad conferida a los Estados miembros por el artículo 4, apartado 2, de la Directiva para disponer que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se refiera, en particular, a la definición del objeto principal del contrato. Si dichos órganos jurisdiccionales llegan a la conclusión de que dichas cláusulas son abusivas, pueden sustituirlas por un tipo legal aplicable de manera supletoria, con el fin de proteger a los consumidores afectados de las consecuencias especialmente perjudiciales que podrían derivarse de la rescisión del contrato de préstamo.
¿Qué es la custodia legal?
Conviene recordar que las sentencias firmes son ejecutivas a efectos de la defensa de los intereses de sus beneficiarios. Una vez presentada la solicitud de ejecución, el demandado tiene la posibilidad de presentar oposición en un plazo de 10 días laborables. También tiene la posibilidad de cumplir la sentencia, en cuyo caso se pone fin automáticamente al procedimiento. En caso de que no haga ni lo uno ni lo otro, se iniciará el procedimiento de ejecución.
Obviamente, este tipo de solicitud debe contener toda la información necesaria para ser admisible. Para saber cuál es esta información, debemos acudir de nuevo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece lo siguiente:
Por otro lado, en base al artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si la querella se refiere a una sentencia firme de un tribunal competente o a la resolución de un secretario judicial, el escrito de interposición sólo debe identificarla. Esto simplifica ostensiblemente el procedimiento.
Dentro de la fase de ejecución, existen dos tipos diferentes. La primera es la ejecución económica o monetaria. En este caso, el demandado debe abonar al demandante el principal, los gastos administrativos ocasionados y los intereses de demora. Si no puede hacerlo en efectivo, el juez autorizará el embargo de sus bienes. Hay que recordar que hay bienes que no se pueden embargar, como el Salario Mínimo Interprofesional.
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De conformidad con la decisión dictada por el Supremo Tribunal Federal (STF) en los casos de Air Canada y Air France (mayo de 2017), el Convenio de Montreal se aplicará a las cuestiones relativas a la interrupción de la barra de tiempo y los daños a la carga ocurridos durante el transporte internacional.
De conformidad con la decisión dictada por el Tribunal Federal Supremo (STF) en los casos que implican a Air Canada y Air France (mayo de 2017), el Convenio de Montreal se aplicará a los asuntos relacionados con la interrupción de la barra temporal y los daños a la carga ocurridos durante el transporte internacional.
En términos generales, los daños materiales se calculan teniendo en cuenta los ingresos medios de la víctima, su esperanza de vida y la dependencia financiera de sus beneficiarios. Para el pago de una suma a tanto alzado, suele aplicarse algún descuento.
Daños morales: c. 115.000 USD (606.000 BRL) hasta 230.000 USD (1.212.000 BRL). Normalmente se conceden en salarios mínimos federales (actualmente equivalentes a 1.212 BRL – aprox. 230 USD – desde enero de 2022). Los daños morales dependen del grado de parentesco entre la víctima y el demandante. En 2017, el STF (Supremo Tribunal Federal) indicó que no aplicaría los límites de la convención internacional a las demandas por daños morales.
