Administración desleal ejemplos
Parlamento de la UE
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Para ejercer las acciones civiles o penales como consecuencia de las infracciones a un derecho de propiedad industrial, así como para adoptar las medidas previstas en el artículo 199 bis de esta ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de los productos protegidos por un derecho de propiedad industrial las indicaciones o escritos a que se refieren los artículos 26 y 131 de esta ley, o por algún otro medio haya manifestado o sea un hecho del conocimiento público que los productos o servicios están protegidos por un derecho de propiedad industrial.
Últimamente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha interpretado este artículo en el sentido de no otorgar medidas cautelares en acciones de competencia desleal. Su razonamiento es bastante absurdo y simple: de acuerdo con el IMPI, el Artículo 229 obliga al demandante a probar el marcaje (por ejemplo, RM en casos de infracción de registro de marca) para obtener la aplicación de medidas cautelares, por lo que en casos en los que no se apliquen registros o derechos de PI concedidos, no se permite al demandante obtener medidas cautelares ya que no hay forma posible de probar el marcaje.
Parlamento Europeo y Consejo
El Defensor del Pueblo se ha expandido paralelamente a la extensión del Estado social y democrático de Derecho. El grado de consolidación de los distintos tipos de derechos en las sociedades en las que opera determina el nivel de atención que dedica a cada uno de ellos. A medida que los derechos civiles y políticos se consoliden de forma diversa pero sustancial, la institución se centrará cada vez más en la segunda generación de derechos humanos, económicos y sociales[2]. Por el contrario, en las sociedades en transición hacia la democracia, seguirá dando preferencia a los derechos primarios ¿civiles y políticos¿[3]. La flexibilidad y la amplitud del mandato de la institución permiten esta reorientación de las prioridades. Esto le permite responder a situaciones como las derivadas de la violación de derechos antes considerados inalienables, como los que acompañan a los nuevos flujos migratorios (trata de seres humanos, degradación de los derechos de las personas detenidas y privadas de libertad, explotación laboral, etc.)[4].
Cuando el particular que acude al Defensor del Pueblo pueda acreditar el derecho subjetivo a un servicio de los poderes públicos que no le ha sido prestado, su recomendación se concretará en instar su realización (por ejemplo, resolver un expediente sobre concesión de una licencia urbanística, la devolución de un pago tributario no justificado, la concesión de una beca de estudios o la prestación de un servicio sanitario). Además de contribuir a la solución del problema concreto, dicha intervención permite diagnosticar los puntos débiles del sector público en cuestión, llamando la atención de la administración, el gobierno y el parlamento sobre las deficiencias de su gestión, normativa y recursos.
Defensor del Pueblo Europeo
En la práctica profesional pueden producirse conflictos entre socios y administradores de sociedades, dando lugar a la posible tipificación de conductas como delitos de administración desleal. Es el artículo 295 del Código Penal el que contempla el concepto de administración desleal y el artículo 25 el que especifica las penas aplicables. La administración desleal corresponde a la realización de actos de dispositivo fraudulento o contracción de obligaciones, en beneficio propio o de terceros, mediante abuso de funciones.
Instituciones de la UE
El 24 de mayo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 248/2019, de la Secretaría de Comercio Interior. La Resolución reglamentó determinados aspectos del Decreto de Emergencia N° 274/2019 recientemente impuesto.
La Resolución N° 248/2019 (la “Resolución”) reglamentó ciertos aspectos del Decreto. En primer lugar, la Resolución designó a la Agencia de Lealtad Comercial, controlada por la Secretaría de Comercio Interior, como autoridad de contralor y fiscalización del Decreto a cargo de la sustanciación de los procedimientos administrativos correspondientes. Este organismo recibirá las denuncias, realizará la investigación y elaborará una propuesta de sanción al infractor del régimen de Comercio Justo que será considerada por la Secretaría de Comercio. La Resolución también regula aspectos procedimentales en los procedimientos de investigación y recursos.
La Resolución aclara la superposición de las disposiciones del Decreto y las de la Ley de Defensa de la Competencia Nº 27.442 (la “LDC”). Por ejemplo, cuando los actos enumerados en los artículos 9 o 10 del Decreto se superpongan con los de la LDC, prevalecerá el Decreto. Esto quiere decir que ninguna parte podría seguir procedimientos administrativos ante la autoridad de defensa de la competencia pertinente y también ante la Agencia de Defensa de la Competencia por la misma conducta. La LDC es la legislación de control sobre conductas relacionadas con cuestiones de competencia leal que también pueden estar cubiertas por la LDC, y se aplica el principio de cosa juzgada, es decir, cuando una cuestión de competencia desleal ha sido tratada en virtud de la LDC, la misma cuestión no puede ser juzgada de nuevo a través de una acción o procedimiento administrativo en virtud del Decreto. Sin embargo, si se desestimara la denuncia o se archivara el expediente antes de la emisión de un pliego de cargos, el caso podría presentarse aún ante la Agencia de Comercio Leal, que podrá investigar los presuntos actos de competencia desleal.
