Abogado delito contra la salud publica

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Salud pública, licencias, accidentes laborales, sanciones, responsabilidad civil y patrimonial de la Administración, componen nuestros campos de trabajo diario, con resultados que lideran el sector a nivel estatal.

Todo el trabajo realizado durante más de 18 años está dirigido por Héctor Brotons Albert, Esther C. Sánchez Sánchez y Joan Bertomeu i Castelló, dentro de un proyecto que apuesta por una política de drogas respetuosa con los derechos humanos.

El estudio cuenta con 5 sedes: Pinoso, Alicante, Valencia, Yecla y Elda, así como 11 oficinas colaboradoras entre las que se encuentran Madrid y Barcelona, llegando a poder dar servicio a toda la geografía del Estado.

Somos un equipo formado por doce abogados y cuatro administrativos, además de los colaboradores, donde además de licenciados en Derecho, contamos, con un criminólogo, un politólogo, seis masters en derecho y un master en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, todo ello con el fin de resolver los problemas planteados en los distintos ámbitos en los que trabajamos.

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Las leyes estatales permiten a salud pública presentar multas o cargos civiles o penales cuando se infringe una orden de salud pública. La violación intencionada de una orden de salud pública es un delito menor de clase 1, y el Fiscal del Distrito y las fuerzas del orden utilizan su discreción y juicio sobre cuándo y cómo perseguir sanciones penales. Salud Pública puede iniciar una acción civil contra una persona o empresa solicitando al Tribunal que ordene a la empresa o al individuo cumplir.

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“Nuestro objetivo es ayudar a las personas y empresas a seguir las órdenes de salud pública para detener este virus, no imponer multas o llevar a la gente a los tribunales”, dijo Jeff Zayach, director ejecutivo de Salud Pública del Condado de Boulder. “Es un proceso lento e intensivo que está agotando nuestros recursos”.

La aplicación civil de las infracciones de salud pública incluye la emisión de avisos de infracción y, cuando las infracciones continúan, la presentación de una demanda ante el tribunal solicitando que un juez emita una orden de restricción que prohíba al individuo violar las órdenes de salud pública. La persona puede ser declarada culpable de desacato al tribunal por violar la orden de alejamiento, y se le pueden imponer multas y otras sanciones si las infracciones continúan.

“defensores del estado y su falsa promesa de ley”

En la era de la globalización, es indispensable un salto cualitativo en el contenido y la metodología del derecho comparado, en particular en lo que se refiere a la política criminal. Sin embargo, esta cuestión sigue siendo difícil, debido a las importantes discontinuidades políticas, y en particular a las dos guerras mundiales, que afectaron directamente a los defensores académicos del derecho comparado, tradicionalmente franceses y alemanes. El drama resultante fue captado por el Presidente de la rama francesa de la Société de législation comparée, Jean Paulin Niboyet, durante la sesión del 19 de febrero de 1949: “Berlín era un competidor formidable para nosotros: había allí dos instituciones, con hombres muy eruditos a la cabeza, que velaban por la publicación de obras de gran valor y que disponían de magníficas bibliotecas: un instituto de derecho público comparado y un instituto de derecho privado comparado. Fueron expulsados de Berlín. De nosotros depende que París se convierta en el principal centro de derecho comparado de Europa”.

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No es exagerado afirmar que más de una quinta parte del derecho penal está hoy armonizado a nivel internacional, lo que supone un 30% en la Unión Europea, con primeros principios armonizados además del principio de reconocimiento mutuo. Sin embargo, la armonización que se ha logrado a nivel mundial ha sido impulsada históricamente por diplomáticos más que por juristas, y en particular por juristas comparados, aunque algunos actores brillantes lograron combinar la diplomacia y el derecho. Baste mencionar el papel de René Cassin y Hartley Shawcross en la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre los políticos, merece ser recordada y elogiada la primera mujer que presidió con éxito una organización internacional: Eleanor Roosevelt. Pero en estos esfuerzos internacionales hubo poca teoría.

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Ofrecemos nuestros servicios en todas aquellas cuestiones relacionadas con el Derecho Penal, defendiendo y asistiendo a nuestros clientes, tanto si están siendo investigados o acusados de algún ilícito penal como si son víctimas de algún delito o falta.

Contacte con nosotros si desea obtener más información sobre nuestros servicios relacionados con el Derecho Penal: denuncias por cualquier delito; asistencia en vistas, juicios o declaraciones ante la Policía o autoridades judiciales; procedimientos derivados de cualquier tipo de delito -delitos en la actividad de las empresas, estafas, delitos contra el patrimonio, delitos contra la salud pública, violencia doméstica, infracciones penales derivadas de cuestiones de tráfico, etc.-; todo tipo de recursos relacionados con procedimientos penales.

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