El Concurso de Acreedores. Introducción

     Desde el 1 de septiembre de 2004 está en vigor la Ley Concursal (Ley 2/2003, de 9 de julio), que derogaba la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, dejando atrás los antiguos, y ya por aquel entonces obsoletos, procedimientos de suspensión de pagos y quiebra.

            En casos de insolvencia -entendiéndose por tal situación la del deudor que no puede cumplir regular y puntualmente sus obligaciones de pago, o que prevé que no podrá cumplirlas de forma inminente- resulta procedente la declaración de concurso de acreedores, tal y como establece el artículo 2 de la referida Ley. Según el artículo 1, el concurso se podrá declarar por el Juzgado respecto de cualquier deudor, ya sea una persona jurídica (empresas, salvo entidades que integran la organización territorial del Estado y organismos y entes públicos) o una persona física (es decir, cualquier sujeto individual también puede ser declarado en concurso de acreedores). No obstante, no sólo la Ley se centra en los efectos y consecuencias que puede tener el concurso en las personas jurídicas, sino que la práctica, durante los más de diez años de aplicación de la Ley, demuestra que una inmensa mayoría de los concursos de acreedores que se declaran en España lo son de personas jurídicas.

            Dependiendo de cada caso, una vez declarado el concurso, las facultades del deudor para administrar y disponer de su patrimonio pueden quedar intervenidas (en cuyo caso se requeriría la autorización del administrador concursal para la realización de esos actos), o suspendidas (en este caso, sería el administrador concursal quien llevaría a cabo esos actos de forma autónoma sin que el deudor tenga capacidad de decisión sobre sus bienes).

            Con independencia de los múltiples efectos y ventajas que, para el deudor que no puede hacer frente a sus deudas, conlleva la declaración de concurso de acreedores, el transcurso del procedimiento abocará necesariamente a una de las dos opciones que prevé la Ley: la obtención y cumplimiento de un acuerdo de pago con los acreedores (convenio) o la liquidación de los bienes del deudor, pagándose a los acreedores en proporción con el dinero obtenido por la realización o venta del patrimonio del deudor.

            En atención a lo que dispone la Ley Concursal en su Exposición de Motivos -apartado VI- el primer objetivo del texto legal sería el de obtener un convenio con los acreedores –que, siendo aprobado por la mayoría de éstos en los términos legales, es de obligado cumplimiento para todos-, de modo que, en la medida de lo posible, se puedan mantener la actividad de la empresa y los puestos de trabajo, con todas las ventajas que de ello se derivan: “El convenio es la solución normal del concurso, que la ley fomenta con una serie de medidas, orientadas a alcanzar la satisfacción de los acreedores a través del acuerdo contenido en un negocio jurídico en el que la autonomía de la voluntad de las partes goza de una gran amplitud. (…) La finalidad de conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado puede cumplirse a través de un convenio, a cuya propuesta se acompañará un plan de viabilidad. Aunque el objeto del concurso no sea el saneamiento de empresas, un convenio de continuación puede ser instrumento para salvar las que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no sólo de los acreedores, sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses.

            Efectivamente, la Ley trata de promover el convenio con los acreedores con el fin de favorecer la actividad profesional y el mantenimiento de los puestos de trabajo, para lo cual ofrece ventajas como la posibilidad de obtener quitas o descuentos en la deuda (en principio, hasta de un 50%), esperas o aplazamientos para el pago (de hasta cinco años en principio), o ambas cosas conjuntamente. No obstante, nuevamente la experiencia de estos diez años de aplicación de la Ley Concursal nos demuestra que el texto legal no ha sido suficiente para cumplir con dicho objetivo, pues una amplia mayoría de los concursos de acreedores que se declara en España se ve abocado a la liquidación de la empresa concursada.

            El hecho de que la gran mayoría de los concursos, en contra de la voluntad del legislador, acaben siendo un simple proceso de liquidación del patrimonio sin posibilidades reales de reflotar la empresa y asegurar su viabilidad –junto a la necesidad de solventar ciertas lagunas o errores en el texto legal- han traído como consecuencia que la Ley Concursal haya sufrido numerosas modificaciones a lo largo de sus diez años de vida. En particular, las últimas reformas se centran en los acuerdos de refinanciación y en la fase llamada “preconcursal”, potenciando la figura del mediador concursal y la posibilidad de evitar el procedimiento judicial de concurso mediante un acuerdo previo con los acreedores, así como flexibilizando la posibilidad de la transmisión del negocio o unidad productiva del concursado.

José A. Sempere Gelardo

Abogado.

2017-03-09T17:19:40+00:00 Noviembre 18th, 2014|Categories: Concursal, noticias|